El agua no se toca. Se extiende el rechazo al Proyecto Minero San Jorge
Desde el Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental )PITSA) de la Universidad Nacional de San Luis, respaldamos el legítimo reclamo en defensa del Agua de la sociedad mendocina.
El Proyecto San Jorge Cobre Mendocino (PSJ) es un emprendimiento de megaminería metalífera, reactivado tras años de rechazo social, que busca la explotación de cobre y oro en el área de Uspallata, Mendoza.
Actualmente se encuentra en el centro de un intenso conflicto socioambiental, con un activo protagonismo de organizaciones sociales, ambientalistas, ciudadanía autoconvocada y de la comunidad científica, quienes alertan sobre el riesgo inminente de contaminación del agua y otros bienes comunes de la cuenca del Río Mendoza.
Se hace innegable aún para organismos como el propio Banco Mundial que las reservas de agua dulce continúan disminuyendo a nivel planetario y que los impactos de esa disminución repercuten negativamente en sectores vulnerados.
Por su parte hasta el mismo Fondo Monetario indica que la inversión extranjera directa no garantiza beneficios sustanciales para las economías locales, desmintiendo la narrativa dominante que presenta a la megaminería y a sus proyectos como motores seguros de desarrollo.
Numerosos estudios que muestran que la industria megaminera incorpora únicamente a una proporción muy reducida de la fuerza laboral, mayormente empleos temporarios o altamente especializados, lo que limita su capacidad real para generar desarrollo local en la zona.
En definitiva, los proyectos de base extractivista no resuelven los problemas estructurales, tampoco los nacionales o regionales (la evidencia es clarísima) sino que además tienen impactos irreversibles sobre los bienes comunes y las comunidades afectadas.
En este sentido, el caso de Jáchal, en San Juan, constituye un antecedente cercano ,tanto temporal como geográfico,de los impactos socioambientales que puede generar la megaminería contaminante, con escasos controles ambientales y nulos beneficios socioeconómicos para la comunidad afectada.
El último informe elevado por CCT CONICET Mendoza deja en evidencia la irregularidades, la falta de información y la imposibilidad de nombrar por parte de la Empresa Minera San Jorge cada uno de los aspectos en los que el desarrollo afecta negativamente al ambiente.
En este contexto y atentos a los principios precautorios y de progresividad es que desde el PITSA instamos a qué los gobiernos, en este caso el de Mendoza, no legisle sin licencia social.
Por otro lado, en tanto las instituciones públicas de Argentina son garantes del Acuerdo de Escazú solicitamos al Gobierno de Mendoza (también garante del Acuerdo) que adecue sus actuaciones a lo establecido en la Ley 27566/20 garantizando el acceso a la información ambiental, el acceso a justicia y la protección y salvaguardar a los defensores del ambiente.
Foto extraída de la web
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