Consideraciones y propuestas del PITSA sobre la situación socioambiental actual
Desde el PITSA consideramos necesario expresarnos en torno al desarrollo sostenido de un contexto político que entendemos promueve la conflictividad social y la injusticia en materia socioambiental. La discusión sobre la temática exige poner en contexto el planteo que hacemos a continuación.
Se ha hecho evidente que el sistema de producción a nivel global ha excedido los límites de lo que puede extraer de los ecosistemas. La concentración de la riqueza y las diferencias de ingresos han alcanzado proporciones no previstas. El debilitamiento de las condiciones de negociación de América Latina frente a las disputas por los bienes comunes y un escenario de tensión por la hegemonía comercial, tecnológica y militar entre oligopolios del capital (o estructuras concentradas de poder) plantean un escenario polarizado y desventajoso para países como el nuestro, con patrimonio natural estratégico objeto atrayente para el extractivismo y la extranjerización.
A nivel nacional experimentamos un proceso de desregulación sobre los mecanismos de protección de bienes comunes. Desde la presentación del DNU 70/2023 y el posterior impulso a proyectos legislativos complementarios (como la reciente propuesta de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" impulsada por el Ejecutivo Nacional), se ha avanzado decididamente en eliminar las restricciones a la extranjerización de la tierra.
En este sentido, advertimos que la Ley de Tierras (Ley 26.737) no es simplemente un asunto inmobiliario, sino una barrera de protección ambiental. Su desarticulación, sumada a herramientas de incentivos como el RIGI, facilita que capitales extranjeros adquieran grandes extensiones de suelo y promueve la proliferación de proyectos extractivos.
Dichos proyectos generan controversias y conflictos diversos que conducen a una profundización de las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de salud y de vida de pobladores y de los defensores del ambiente. La evidencia sobre este punto es innegable.
La prédica de los impactos positivos de la inversión extranjera directa proveniente de las grandes inversiones (RIGI) se enfrenta con una realidad cruda, medible y visible. No existe correlación positiva entre dicha inversión y el bienestar general de la población. Una extensa documentación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dan cuenta de cómo los efectos cuando positivos, son a corto plazo, concentrados en sectores ya favorecidos y con generación de deterioro social y económico a mediano y largo plazo.
Se suma a este escenario otro que genera especial preocupación. Recientemente el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) ha denunciado penalmente maniobras de espionaje ilegal y desvío de fondos reservados a través de la reestructurada Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Las presentaciones judiciales alertan sobre que el aparato de inteligencia estatal ha sido presuntamente utilizado para perfilar y vigilar de cerca a dirigentes políticos opositores, organizaciones sociales y, de manera específica, a defensores del ambiente y los bienes comunes/recursos naturales.
Este control se traduce en el plano territorial en una fuerte criminalización. La Cámara de Diputados de la Nación ya ha recibido proyectos de resolución institucionales para solicitar información y expresar el rechazo formal ante las reiteradas causas penales contra defensores del ambiente. En este mismo sentido se han expresado y actuado la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La Provincia cuenta con antecedentes de conflictividad social en materia ambiental, conflictividad que debería prevenirse y evitarse. Basta recordar que la Asamblea por la Defensa del Bosque Vulpiani atravesó un proceso litigioso en el 2023 al oponerse a la construcción de un centro comercial sobre un espacio verde en Juana Koslay, San Luis. Esto derivó en que el conflicto socioambiental tuviera que ser abordado y resuelto en parte por la Justicia provincial.
Los repetidos episodios de denegación de acceso a la información pública experimentados por este Programa, así como por vecinas, vecinos, organizaciones y espacios asamblearios defensores del ambiente, ponen de manifiesto una forma de gestionar lo ambiental que promueve la conflictividad y el malestar social. Al restringir las posibilidades de acceso a la información y de participación efectiva en los asuntos públicos, estas prácticas contribuyen al desgaste de los mecanismos de participación democrática y profundizan la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. A lo anterior se suma la insistente negativa a habilitar canales de participación ciudadana en la toma de decisiones, a ensayar nuevas formas de participación o habilitar y hacer cumplir los canales ya existentes.
En el plano provincial, la agenda socioambiental está marcada por un viraje explícito del Poder Ejecutivo hacia la promoción de la actividad minera metalífera, lo que ha generado preocupación en diversos espacios, entre ellos las asambleas socioambientales y nuestro Programa. Si bien el gobernador, en sus discursos, condiciona el avance de la minería metalífera a que no contamine nuestro recurso hídrico, el escenario en provincias vecinas y en la región hace que esa declaración sea recibida con preocupación. En particular, porque las promesas de protección ambiental suelen verse tensionadas cuando avanzan procesos de flexibilización de la normativa y de las instituciones ambientales, como lo evidencia la reciente reforma de la Ley de Glaciares aprobada en 2026
En una provincia semiárida como San Luis, donde las cuencas hídricas sostienen la vida y las economías regionales, el desarrollo de la minería metalífera es considerado por los colectivos socioambientales como una amenaza directa e incompatible con la gestión sustentable del agua. La discusión no pretende ser solo tecnocientífica, sino además cultural y política. Apunta a reflexionar críticamente sobre los modelos de habitar y vivir en nuestro planeta.
Se hace necesario mencionar que el contexto local muestra una debilidad en los mecanismos de control de condiciones e impactos sobre el ambiente y una conflictividad creciente en algunos municipios derivada de prácticas por fuera de las normativas o que expresan un desconocimiento sobre las consideraciones a realizar en materia ambiental. La insistencia en llevar adelante acciones de gobierno sin licencia social restringe la participación ciudadana, vulnera derechos esenciales reconocidos por la ley y la Constitución. Menoscabar la licencia social debilita la democracia y abandona el derecho a un ambiente sano, digno, justo y diverso.
En este sentido consideramos necesario que el Gobierno Provincial y los gobiernos municipales abran espacios genuinos y sostenidos en el tiempo de diálogo con distintos sectores, de cara a ampliar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que involucran y afectan al derecho humano al goce de un ambiente sano, repensar los modelos de producción, desarrollo y consumo. La construcción de nuestros propios modelos de gestión sustentable requiere del ejercicio pleno de la participación ciudadana y soberanía sin subordinación.
Se ha hecho evidente y preocupante que los aspectos ambientales sean enunciados desde los ámbitos de los gobiernos como anhelo o meta difusa y vacía, carente de modelos de gestión propios, volcados en el mejor de los casos a acciones remediativas. Cuando se podría con solo algo de coraje político plantear políticas preventivas, con evaluación de riesgos, con mecanismos compensatorios virtuosos y distribución justa entre sectores más y menos favorecidos.
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